RESUMEN
El objetivo general del estudio fue analizar la evolución reciente y desafíos del Derecho Constitucional en Ecuador, con el fin de identificar sus principales avances y limitaciones. Correspondió a un estudio de revisión, con soporte bibliométrico. La bibliometría permitió evaluar la evolución del derecho constitucional en la República del Ecuador, a partir de producciones científicas en términos cuantitativos y cualitativos, identificando patrones y estadísticas de publicación, fuentes de colaboración y áreas de desarrollos emergentes en la disciplina. Para la recolección de datos se consultaron dos bases de datos científicas de amplio reconocimiento: SCOPUS y SCIELO. El análisis bibliométrico se llevó a cabo utilizando el Microsoft Excel y el software VOSviewer 1.6.20, concluyendo que, la Constitución de 2008 marcó un hito al consolidar un modelo progresista, destacándose el reconocimiento pionero de los derechos de la naturaleza, la integración de estándares internacionales de derechos humanos y la implementación de un sistema mixto de control constitucional.
Descriptores: Derecho constitucional; reforma jurídica; historia del derecho. (Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The general objective of the study was to analyze the recent evolution and challenges of Constitutional Law in Ecuador, in order to identify its main advances and limitations. It corresponded to a review study, with bibliometric support. Bibliometrics made it possible to evaluate the evolution of constitutional law in the Republic of Ecuador, based on scientific productions in quantitative and qualitative terms, identifying publication patterns and statistics, sources of collaboration and emerging areas of development in the discipline. For data collection, two widely recognized scientific databases were consulted: SCOPUS and SCIELO. The bibliometric analysis was carried out using Microsoft Excel and VOSviewer 1.6.20 software. In conclusion, the 2008 Constitution marked a milestone by consolidating a progressive model, highlighting the pioneering recognition of the rights of nature, the integration of international human rights standards and the implementation of a mixed system of constitutional control.
Descriptors: Constitutional law; legal reform; history of law. (UNESCO Thesaurus).
INTRODUCCIÓN
El derecho constitucional constituye el pilar fundamental para el desarrollo del sistema jurídico y político de un país. En Ecuador, esta rama del derecho ha experimentado una evolución significativa, impulsada por transformaciones institucionales, reformas normativas y la creciente influencia del constitucionalismo latinoamericano. No obstante, los significativos avances en el desarrollo normativo, la consolidación de la jurisprudencia y la producción de conocimiento científico, persisten desafíos metodológicos, epistemológicos y estructurales que menoscaban su eficacia en la praxis jurídica y en la formulación de políticas públicas (Storini et al., 2022; Romero Romero et al., 2022).
En tal sentido, históricamente, el control constitucional en Ecuador se ha dividido en varias etapas. Una primera fase, marcada por la Soberanía Parlamentaria (1830-1945), donde el poder legislativo monopolizaba este control. Posteriormente, a mediados del siglo XX, surge y se desarrolla el Tribunal Constitucional (1945-1996), sentando las bases de un control más técnico y especializado. Con las constituciones de 1998 y, de manera definitiva, la de 2008, el control constitucional se consolida plenamente. (Zambrano-Moran et al., 2022).
En este orden de ideas, el derecho constitucional es una disciplina dinámica, cuya evolución está determinada por factores jurídicos, políticos y sociales. En Ecuador, las reformas constitucionales han sido una constante desde finales del siglo pasado, desde la Constitución de 1998, hasta la Constitución de Montecristi de 2008, que aportó un marco normativo robusto y en constante transformación. La consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia ha sido un objetivo primordial, aunque su implementación efectiva enfrenta aún múltiples desafíos (López & Aguirre, 2024). En este orden, la justicia constitucional es crucial para el buen funcionamiento de un verdadero Estado de Derecho, ya que asegura el respeto y la salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades individuales (Maritan et al., 2024). Por consiguiente, el ordenamiento jurídico ecuatoriano, particularmente la Constitución de 2008, se distingue por su enfoque garantista, estableciendo un conjunto exhaustivo de garantías constitucionales para la protección de los derechos. Estas garantías (normativas, de políticas públicas, institucionales y jurisdiccionales) tienen una doble finalidad: salvaguardar los derechos de los seres humanos y, de manera innovadora y sin precedentes, proteger también los derechos reconocidos a la naturaleza como sujeto de derechos. (Lozano Espinoza,2024).
En tal sentido, la constante evolución y perfeccionamiento en este ámbito es crucial para fortalecer la democracia y el Estado de derecho, ya que permite desarrollar y evaluar el impacto de las reformas normativas, identificar vacíos en la legislación y proponer soluciones desde una perspectiva multifactorial.
En este sentido, diversos estudios han abordado la evolución del derecho constitucional en Ecuador, con énfasis en su marco normativo y derechos fundamentales. Investigaciones previas han analizado la influencia del constitucionalismo latinoamericano y la incidencia de la Corte Constitucional en la interpretación de normas. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se han centrado en aspectos normativos y doctrinarios, dejando de lado enfoques empíricos que permitan evaluar el impacto real de las normas en la sociedad y en la administración de justicia (Gaibor Gallardo, 2020; Saltos Orrala et al., 2024; Ávila Santamaría, 2024).
Al respecto, la producción académica sobre derecho constitucional en Ecuador ha sido impulsada, principalmente, por universidades y centros de investigación jurídica, aunque con ciertas limitaciones en cuanto a acceso y difusión de los resultados. Mientras que en otros países se han desarrollado líneas de investigación interdisciplinarias que integran análisis socio jurídicos y estudios de caso, en Ecuador aún se observa una brecha significativa en la articulación de estos enfoques (Loor Párraga et al., 2024).
A pesar de los avances en la doctrina jurídica y el desarrollo normativo, la investigación científica en derecho constitucional en Ecuador enfrenta varias limitaciones. En primer lugar, la falta de financiamiento y apoyo institucional restringe el desarrollo de investigaciones de largo plazo y con enfoques empíricos sólidos. En segundo lugar, la escasa articulación entre la academia y las instituciones del Estado dificulta la aplicación práctica de los hallazgos académicos en el ámbito legislativo y judicial (Martínez-Moscoso et al., 2023).
Otro desafío importante es la ausencia de bases de datos sistematizadas que permitan realizar estudios comparativos y longitudinales sobre la evolución del derecho constitucional en Ecuador. La disponibilidad de información es importante para desarrollar investigaciones basadas en evidencia empírica, pero la fragmentación de los datos y la falta de acceso a fuentes oficiales obstaculizan este proceso (Romero Romero et al., 2022).
Este artículo tiene como objetivo analizar la evolución reciente y desafíos del Derecho Constitucional en Ecuador, para identificar sus principales avances y limitaciones. A partir del análisis de la literatura existente y de los desafíos metodológicos actuales, se busca aportar una perspectiva crítica que permita comprender el estado actual del derecho constitucional en Ecuador y sus posibles líneas de desarrollo futuro. En particular, se pretende destacar las lagunas en la literatura científica sobre el tema, con énfasis en la necesidad de enfoques interdisciplinares y metodologías empíricas para fortalecer la protección de los derechos constitucionales en la práctica jurídica ecuatoriana.
MÉTODO
El presente artículo corresponde a un estudio de revisión, con soporte bibliométrico. La bibliometría permite evaluar la evolución del derecho constitucional en la República del Ecuador, a partir de la producción científica, en términos cuantitativos y cualitativos, identificar patrones y estadísticas de publicación, fuentes de colaboración y áreas de desarrollo emergentes en la disciplina.
Para la recolección de datos se consultaron dos bases de datos científicas de amplio reconocimiento: SCOPUS y SCIELO. Estas plataformas han sido seleccionadas debido a su cobertura en estudios jurídicos, a su acceso a publicaciones de alto impacto en la región latinoamericana, así como a la disponibilidad de información resumida y organizada.
Se definen estrategias de búsqueda basadas en palabras clave relacionadas con el derecho constitucional en Ecuador. Se utilizaron términos como "Ecuador", "derecho constitucional", "constitucionalismo" y "corte constitucional". Se aplicaron filtros por idioma (español e inglés), rango temporal (enero 2020- abril 2025) y tipo de documento (artículos científicos). Además, se realizó un proceso de depuración de artículos repetidos; artículos relativos al derecho constitucional de otros países o de acceso restringido.
El análisis bibliométrico se lleva a cabo utilizando el Microsoft Excel y el software VOSviewer 1.6.20. Las redes bibliométricas se generan a partir de VOSviewer, un programa informático que permite crear, visualizar y explorar mapas que establecieron relaciones entre publicaciones, autores, términos clave, países, entre otros (Van Eck y Waltman, 2010). De esta forma, es posible alcanzar los resultados generales de la investigación, que van desde un análisis bibliométrico inicial hasta la visualización de la información en VOSviewer (Osorio Andrade et al., 2023). Se generarán mapas de relaciones para identificar los temas predominantes en la literatura y la evolución de las publicaciones a lo largo del tiempo.
RESULTADOS
El proceso de selección de artículos permitió consolidar un corpus representativo de la producción científica, sobre derecho constitucional ecuatoriano, en el periodo 2020-2025. De los 305 artículos preseleccionados, la depuración inicial redujo la muestra a 280 textos, tras eliminar duplicados, estudios relativos a otros contextos nacionales y aquellos con acceso restringido. Como se puede apreciar en la tabla 1, la distribución de los artículos por base de datos y año evidenció, una concentración significativa en repositorios ecuatorianos, con un total de 237 publicaciones, lo que representó el 90,80 % del total analizado.
Este predominio evidenció que la mayor parte de la producción académica sobre el tema se genera y difunde en el ámbito nacional, a través de revistas, plataformas institucionales y repositorios de acceso abierto. Por otra parte, el análisis temporal reflejó un incremento notable en la producción científica en 2021, con 124 artículos, lo que representó el 47,51% del total.
Tabla 1.
Artículos seleccionados por base de datos y año.
|
Base de datos |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
Porcentual |
|
Repositorios |
7 |
122 |
64 |
31 |
13 |
0 |
237 |
90,80% |
|
Scielo |
0 |
1 |
4 |
3 |
7 |
1 |
16 |
6,13% |
|
Scopus |
1 |
1 |
0 |
2 |
4 |
0 |
8 |
3,07% |
|
Total |
8 |
124 |
68 |
36 |
24 |
1 |
261 |
100,00% |
|
Porcentual |
3,07% |
47,51% |
26,05% |
13,79% |
9,20% |
0,38% |
100,00% |
Elaboración: Los autores.
Sin embargo, la tendencia decreció progresivamente en los años posteriores, con 68 artículos en 2022, 36 en 2023 y 24 en 2024, mientras que en 2025 solo se identificó un estudio. El comportamiento de la producción académica podría estar asociado a la consolidación de debates jurídicos en años previos y a la estabilización del interés investigativo en torno al derecho constitucional ecuatoriano.
El análisis de las palabras clave evidenció la configuración de diversos núcleos temáticos dentro del estudio del derecho constitucional, con una interconexión significativa entre principios fundamentales, derechos humanos, derechos de la naturaleza, evolución jurisprudencial y administración de justicia. En la figura 1 se muestra la representación gráfica de estas relaciones.
Como se observa en la figura 1 a), el análisis bibliométrico de los artículos científicos sobre derecho constitucional entre 2020 y 2024 evidenció una evolución temática, estructurada en distintos ejes de investigación, que reflejó un desplazamiento progresivo desde los fundamentos normativos hacia la inclusión de nuevos derechos, y el fortalecimiento de mecanismos de protección jurídica. En términos generales, los clusters identificados mostraron una dinámica de transformación en la agenda constitucionalista, con una consolidación de debates tradicionales y la emergencia de nuevas perspectivas en respuesta a cambios socio políticos.
Figura 1. Mapas temáticos identificados.
Elaboración: Los autores.
Por otra parte, en la figura 1 b) se muestran 5 de los 9 conglomerados identificados. El primer eje temático, en el que se abarcaron temas como la constitución, los derechos, la seguridad jurídica y los derechos de la naturaleza, reveló una evolución marcada por la transición, desde principios fundamentales hacia una mayor incorporación de derechos emergentes. Mientras que la Constitución y el estado constitucional mantuvieron una presencia estable en el periodo analizado, con publicaciones que promediaron entre 2020 y 2021. El interés por los derechos de la naturaleza se incrementó significativamente hacia 2022, reflejando la creciente relevancia de la protección ambiental dentro del derecho constitucional. Esta tendencia se reforzó con la aparición de estudios sobre naturaleza en 2024, lo que sugiere que el interés jurídico amplió su alcance hacia la intersección entre derecho y sostenibilidad.
El análisis de estudios recientes en derecho constitucional revela una evolución significativa en diversas áreas. Hay un marcado interés en la interconexión entre el derecho constitucional y el internacional, especialmente en la implementación de estándares internacionales de derechos humanos en los marcos jurídicos nacionales.
La jurisprudencia y la intervención de la Corte Constitucional han sido fundamentales en la redefinición del orden jurídico. Se observa una tendencia hacia la exploración de cambios normativos y la influencia de decisiones judiciales en la reinterpretación de principios constitucionales, con estudios que abordan temas como el matrimonio igualitario, la reforma constitucional y los tratados internacionales. La Corte Constitucional se consolida como un actor clave en la transformación del derecho hacia estándares internacionales.
Asimismo, el derecho constitucional ha evolucionado en contextos específicos, con un énfasis particular en la Constitución ecuatoriana, los derechos fundamentales y la jurisprudencia. Si bien el interés inicial se centró en la estructura y aplicación de la Carta Magna, temas como los derechos naturales han ganado relevancia, señalando una ampliación del concepto de derechos en el ámbito constitucional. En conjunto, el análisis bibliométrico permitió identificar las tendencias más recientes del derecho constitucional ecuatoriano, desde el análisis de principios fundamentales, hasta la integración de derechos emergentes y el fortalecimiento de la protección jurídica. Este proceso reflejó la adaptación del derecho a las transformaciones sociales, políticas y ambientales, consolidando un desarrollo diverso y en constante expansión.
DISCUSIÓN
El derecho constitucional en Ecuador ha mostrado avances significativos en las últimas décadas, particularmente a partir de la promulgación de la Constitución de Montecristi en 2008. Este marco constitucional, considerado uno de los más progresistas del mundo, ha sido objeto de estudios que destacan, tanto sus logros como los desafíos, que enfrenta en su implementación.
En tal sentido, la Constitución de 2008 adoptó un enfoque vanguardista al situar al ser humano en el centro del desarrollo, buscando asegurar el acceso a derechos fundamentales para toda la población, con especial atención a los sectores más vulnerables y marginados. Las garantías de políticas públicas son vistas como el compromiso estatal para fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible, así como para preservar y promover la diversidad cultural e identidad nacional. Son, en esencia, medidas programáticas diseñadas para garantizar el bienestar social y la justicia (Díaz-Salambay et al., 2024).
Uno de los mayores avances en el derecho constitucional ecuatoriano se evidencia en la consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia, un modelo que busca garantizar derechos fundamentales y promover la equidad social. La Constitución de 2008 representa un punto de inflexión en la evolución histórica del marco constitucional del país. Según López & Aguirre (2024), esta Constitución refleja los valores democráticos y las aspiraciones políticas de la nación, consolidando un amplio catálogo de derechos que incluye no solo los derechos humanos tradicionales, sino también derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza. Sin embargo, los autores también señalan que este marco enfrenta desafíos significativos, como lagunas interpretativas y conflictos de competencia entre órganos estatales, lo que compromete su coherencia y eficacia. Por ejemplo, el trabajo, más allá de su faceta productiva, constituye un derecho humano fundamental indispensable para la dignidad, el bienestar y el desarrollo sostenible. Su protección y garantía efectiva por parte de los Estados son esenciales para la construcción de sociedades más justas, equitativas y respetuosas de la persona humana. (Hernández-Infante et al., 2025).
El control de constitucionalidad es otro aspecto central del derecho constitucional ecuatoriano que ha sido ampliamente estudiado. La Constitución de 2008 introdujo un sistema mixto de control de constitucionalidad que combina elementos del modelo concentrado y el modelo difuso. Este diseño ha generado debates sobre su efectividad y coherencia. Storini et al. (2022) destacaron que la coexistencia de estos sistemas llevó a conflictos normativos y a una jurisprudencia contradictoria por parte de la Corte Constitucional.
Un logro destacado del derecho constitucional ecuatoriano es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, un hito sin precedentes en el constitucionalismo global. Ecuador fue el primer país en otorgar a la naturaleza el estatus de sujeto de derechos, lo que generó un interés significativo, tanto a nivel nacional como internacional. Martínez-Moscoso et al. (2023) analizaron casos emblemáticos como Bosque Protector Los Cedros y Estrellita, y destacaron cómo la jurisprudencia desarrolló el contenido y alcance de estos derechos.
En tal sentido, el rol pionero de Ecuador en la consagración constitucional de los derechos de la naturaleza, enfatiza el desafío que representa esta disposición para el sistema jurídico. El artículo concluye que para que este reconocimiento sea una realidad efectiva, es fundamental una evolución hacia una visión biocéntrica y la creación de un marco legal que permita la implementación y defensa de estos derechos fundamentales para el planeta. (Jiménez Torres, 2024).
Sin embargo, también advierten sobre interpretaciones erróneas que podrían comprometer su implementación efectiva. Por su parte, Ávila Santamaría (2024) propuso una teoría sistémica del derecho para integrar mejor los derechos humanos con los derechos de la naturaleza, desde el argumento que este enfoque resulta crucial en un contexto global marcado por crisis ambientales.
A pesar de estos avances, persisten desafíos significativos en la implementación del marco constitucional ecuatoriano. Uno de estos desafíos es la calidad democrática del país, especialmente en relación con los organismos constitucionales autónomos creados bajo la Constitución de 2008. Moscoso Moreno y Villavicencio Mancero (2021) concluyeron que estos organismos han sido manipulados políticamente, debilitando su capacidad para mejorar la rendición de cuentas horizontal y fortalecer la democracia. Otro aspecto crítico radica en el juicio político como mecanismo dentro del derecho constitucional ecuatoriano. Ronquillo Riera et al. (2021) analizaron cómo las reformas legislativas han influido en este proceso, al destacar su relevancia en democracias inestables como las latinoamericanas. Los autores señalaron que el monopolio legislativo sobre el juicio político limita su efectividad como herramienta para garantizar la rendición de cuentas.
Otro de los principales retos radica en la implementación efectiva de los derechos sociales y laborales reconocidos constitucionalmente, como la estabilidad laboral para personas con enfermedades catastróficas o la protección contra la revictimización de mujeres. Aunque la Constitución de 2008 establece un marco progresista, persisten brechas entre el texto normativo y su aplicación práctica. Por ejemplo, Salazar Tigrero (2022) señala que la inefectividad del principio de estabilidad laboral para personas con enfermedades catastróficas se debe a la falta de políticas públicas específicas y a la resistencia de empleadores, lo que perpetúa condiciones laborales precarias (art. 1 y 39).
Otro aspecto, es el relacionado a la justicia indígena, a pesar de su invaluable valor cultural y su rol en la cohesión social de las comunidades, enfrenta el desafío de asegurar que sus prácticas no vulneren los derechos humanos fundamentales. Es importante de un marco legal y un entendimiento intercultural que permitan la coexistencia de ambos sistemas de justicia, garantizando la protección de los derechos de todas las personas involucradas y promoviendo la armonía entre las tradiciones ancestrales y los principios universales de derechos humanos (Yépez-Salguero et al.2023).
En tal sentido, a pesar de sus diferencias metodológicas y procedimentales, tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena comparten la misma finalidad: garantizar el orden y la seguridad jurídica dentro de sus respectivos ámbitos de aplicación. Esto implica que las decisiones tomadas en cualquiera de las jurisdicciones deben estar alineadas con los principios básicos del derecho, garantizando plenamente los derechos humanos de las personas involucradas y buscando la verdadera justicia (Villarreal-López et al. 2024).
Por otro lado, Solano Paucay & Marín (2024) advirtieron que la falta de estándares claros para evaluar daños ecológicos y asignar responsabilidades, limita la efectividad de las reparaciones (art. 16). Estas omisiones restringen la capacidad del sistema jurídico para responder a desafíos del siglo XXI, requiriendo un giro en la agenda investigativa hacia problemas emergentes y transdisciplinarios.
Otro elemento importante es la Corte Constitucional del Ecuador, la cual ha jugado un papel determinante en la configuración y el control del procedimiento abreviado. Sus sentencias y jurisprudencias han establecido los límites y las garantías necesarias para asegurar que la aplicación del procedimiento abreviado no vulnere los derechos fundamentales de los procesados, como el derecho a la defensa y al debido proceso. (Asimbaya-Tacuri et al., 2024).
Resulta necesario destacar que las investigaciones sobre la constitución y la seguridad jurídica constituyen elementos centrales en la configuración de un marco normativo estable, al tiempo que se observa un énfasis particular en los derechos de la naturaleza, cuya recurrencia sugiere una preocupación creciente por la integración de la protección ambiental en la estructura constitucional. La estrecha vinculación entre estos conceptos indica que la estabilidad del orden jurídico, no solo se sustenta en la observancia de normas, sino también en la consolidación de derechos emergentes dentro de la estructura constitucional.
Por otra parte, el análisis de derechos humanos y el control de convencionalidad resalta la importancia de la coherencia normativa entre el derecho nacional y los tratados internacionales. La relación entre el estado constitucional y las políticas públicas pone de manifiesto el papel del derecho en la configuración de modelos de gobernanza que garanticen el ejercicio de derechos fundamentales, mientras que la incorporación del uso de la fuerza dentro de este grupo sugiere una discusión sobre los límites de la actuación estatal en la protección y garantía de estos derechos.
La garantía del principio democrático no solo se vincula con la estructura estatal, sino también con mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas que consolidan la legitimidad institucional (Moscoso Moreno, & Villavicencio Mancero, 2021; León Loza, 2023). De manera complementaria, el análisis del control constitucional y su asociación con medidas cautelares y prisión preventiva refleja el papel de los mecanismos de supervisión judicial en la protección de derechos y en la prevención de vulneraciones dentro del sistema de justicia.
El reconocimiento de la justicia indígena y el pluralismo jurídico pone de relieve la coexistencia de distintos sistemas normativos dentro de una misma estructura estatal, sugiriendo un interés creciente en la interacción entre derecho positivo y normativas consuetudinarias. La jurisprudencia constitucional, en este contexto, actúa como un espacio de articulación entre distintas tradiciones jurídicas, permitiendo su integración dentro del orden normativo sin menoscabar la diversidad de prácticas legales.
Por último, debe destacarse que la relación entre derechos sociales y la noción de buen vivir introduce una perspectiva filosófica dentro del análisis constitucional, que sugiere que el desarrollo normativo, no solo debe responder a necesidades de organización política y jurídica, sino también a principios orientados al bienestar colectivo.
CONCLUSIONES
La Constitución de 2008 marcó un hito al consolidar un modelo progresista, destacándose el reconocimiento pionero de los derechos de la naturaleza, la integración de estándares internacionales de derechos humanos y la implementación de un sistema mixto de control constitucional. La Corte Constitucional ha desempeñado un rol clave en la interpretación dinámica de normas, ampliando la protección de derechos colectivos y sociales. Estos avances han posicionado a Ecuador como referente en el constitucionalismo latinoamericano, aunque persisten desafíos en la coherencia jurisprudencial y la aplicación práctica.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
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Ávila Santamaría, R. (2024). La comprensión de la naturaleza, la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador y la teoría sistémica del derecho. Revista De Estudios Políticos, (204), 277–298. https://doi.org/10.18042/cepc/rep.204.09
Díaz-Salambay, K. M., Patiño-Escobar, D. L., Toinga-Cuvi, M. D., & Silva-Montoya, O. F. (2024). Garantías de políticas públicas en la Constitución del Ecuador del 2008. IUSTITIA SOCIALIS, 9(1), 635–645. https://doi.org/10.35381/racji.v9i1.3662
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