DOI 10.35381/cm.v11i3.1947
Recibido: 20 de agosto 2025
Revisado: 10 de octubre 2025
Aprobado: 15 de noviembre 2025
Publicado: 01 de diciembre 2025
El objetivo general de la investigación fue analizar el endurecimiento en la sanción de los adolescentes infractores frente a delitos graves. Se utilizó el método cuantitativo. Apoyándose en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplicó el método inductivo-deductivo y el analítico-sintético. Se concluye que, la delincuencia que involucra a los adolescentes en Ecuador, particularmente el narcotráfico, la extorsión y el sicariato, supone un reto difícil que no se puede enfrentar solamente con una perspectiva punitiva. Aunque el endurecimiento de las sanciones es una respuesta a la creciente cantidad de estos incidentes, los aportes teóricos analizados advierten sobre la importancia de conservar un equilibrio entre la justicia y los derechos.
Descriptores: Adolescencia; sanción penal; ley. (Tesauro UNESCO)
Descriptors: Adolescence; criminal punishment; law. (UNESCO Thesaurus)
INTRODUCCIÓN
El endurecimiento de las sanciones en el juzgamiento de adolescentes que cometen infracciones graves es un asunto muy polémico que incluye aspectos legales, éticos y psicológicos. En muchos sistemas judiciales, entre ellos el ecuatoriano. Sin embargo, en ciertos sistemas se permite que los jóvenes sean juzgados de manera rigurosa si el crimen es especialmente serio, por ejemplo, homicidios, asesinatos, extorsiones u otros delitos violentos significativos. La inseguridad en el sistema judicial frente a los juicios de adolescentes infractores, debido al aumento de la delincuencia juvenil, es un contexto que las organizaciones delictivas han utilizado para perpetrar crímenes con la participación de los jóvenes.
La organización de estas bandas criminales se lleva a cabo mediante redes delictivas con la finalidad primordial de captar jóvenes en situación de vulnerabilidad, es decir, aquellos que carecen de apoyo familiar y son perjudicados por la falta de oportunidades laborales, problemas de salud o limitaciones en su educación. Estos factores los empujan a unirse a estos grupos como una salida equivocada para mejorar su estabilidad económica. Este fenómeno es radical debido al alto índice de adolescentes que se involucran con estas bandas criminales por el flujo económico que reciben, lo cual mejora sus condiciones económicas y familiares; sin embargo, tiene un impacto negativo en el entorno social donde viven.
En este sentido, Rivera-Rhon & Bravo-Grijalva (2020) manifiestan lo siguiente:
El Crimen Organizado Transnacional (COT) crece, muta, se despliega con acelerada transformación y perfecciona sus formatos de intervención. Opera bajo una modalidad delictiva con direccionamiento empresarial, que proyecta su dominación sobre el Estado y la sociedad. Al igual que los procesos de globalización y liberalización del comercio internacional, las dimensiones clandestinas de la globalización involucran una mayor facilidad de flujos ilícitos transfronterizos de personas, dinero e información. (p.25).
Para evitar y rehabilitar a los jóvenes infractores, así como para reducir las infracciones penales de la población adolescente, es necesario entender las razones que impulsan un comportamiento desviado. Se ha podido observar que, según algunos estudios anteriores (como los hechos en Colombia), la desintegración de las familias y la extrema pobreza son elementos claves en la vulnerabilidad de los niños (Villlegas, 2021). Igualmente, el hecho de que en comunidades marginadas se normalice la violencia establece un ambiente donde los menores asumen la violencia como parte de su vida diaria, lo cual permite a grupos delictivos reclutarlos con mayor facilidad (Alarcón, 2019).
Los datos históricos muestran que la participación de los adolescentes en crímenes como robo, sicariato y extorsiones ha aumentado, lo que ha alertado al sistema judicial ecuatoriano. Esto señala una nueva tendencia entre las organizaciones criminales: reclutar a niños, niñas y adolescentes para llevar a cabo acciones delictivas.
En Ecuador, según el artículo 305 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2003), las personas que tienen entre 12 y 18 años son penalmente inimputables. Esto significa que no serán juzgadas por jueces penales en la vía ordinaria ni castigadas de acuerdo con las sanciones penales establecidas en la ley ecuatoriana. En su lugar, se les aplicarán medidas socio-educativas debido a que, al ser menores de edad, las normas sustantivas y adjetivas deben seguir ciertas pautas para no violar los derechos de los adolescentes infractores.
La ley vigente establece que un adolescente internado en un centro de infractores por un delito grave no será trasladado a una cárcel de adultos, incluso si ya ha alcanzado la mayoría de edad. Por lo tanto, ante la ola de delitos perpetrados por adolescentes, se sostiene el criterio de que, si una persona es arrestada por un crimen siendo menor de edad, debe ser llevada a una prisión para adultos y juzgada como tal.
Si se habla de la delincuencia organizada, se ve hoy en día una situación de declive. En Ecuador, el reclutamiento de niños desde los siete años hasta la adultez para las organizaciones criminales ha aumentado con el fin de prepararlos para cometer crímenes como venta de drogas, robos, sicariato y extorsión, delitos que son repugnantes para la sociedad.
A pesar de los intentos de la legislación para luchar contra el crimen organizado, especialmente en lo que respecta a proteger a niños, niñas y adolescentes y a los ciudadanos, no se han obtenido resultados positivos después de aplicar estrategias, acciones socioeducativas e identificar elementos de riesgo como la descomposición social, la pobreza y la desintegración familiar. El endurecimiento de las sanciones supone la modificación de las leyes para implementar castigos más severos para ciertos crímenes, incrementar el tiempo de prisión o eliminar los beneficios penitenciarios del sistema judicial penal con miras a incrementar la disuasión y disminuir la frecuencia de delitos. La delincuencia juvenil es un problema que impacta a todas las sociedades del planeta. Se trata de la participación de jóvenes, cuya edad oscila entre los 12 y los 18 años, en agrupaciones ilegales con el propósito de realizar acciones delictivas.
El reclutamiento infantil no es algo nuevo en Ecuador, pero ha aumentado en la actualidad. Los datos sobre homicidios y detenciones de menores permiten determinar su magnitud: en 2022, los índices alcanzaron el nivel más alto y se redujeron un 3% hasta finales de 2023. En el país, especialmente en las provincias de Guayas y Los Ríos, existen barrios y zonas que son especialmente vulnerables al reclutamiento. En el caso de áreas marginales, las pandillas asignan a estos individuos menores tareas, como los conocidos "campaneros", que funcionan como ojos y oídos en la calle. Con el tiempo, estos roles se vuelven más importantes hasta llegar a ser expendedores de drogas o extorsionadores. Eventualmente, esto puede llevar a convertirse en traficantes de drogas y sicarios (Naciones Unidas, 2023).
En la ley ecuatoriana, los jóvenes menores de edad son considerados inimputables penalmente. Por lo tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones establecidas en las leyes penales debido a su incapacidad penal.
De acuerdo a la autora Díaz Muñoz (2015) destaca que, el objetivo primordial de las Reglas de Beijing, también conocidas como las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de Justicia de Menores, es promover el bienestar infantil, con el fin de reducir al mínimo no solo el número de casos que acceden al sistema judicial, sino también los efectos adversos que surgen a partir de cualquier intervención.
Estas normas subrayan la relevancia de cuidar a los niños con el fin de evitar que cometan delitos antes de que comiencen una vida delictiva, viéndolo como un elemento crucial en las políticas destinadas a su implementación. Así, una política social constructiva tiene el potencial de ayudar a prevenir la delincuencia y los delitos entre los jóvenes. Las reglas estipulan que se deben implementar de forma equitativa y sin distinción, considerando como menor a todo niño o joven que, de acuerdo con el sistema legal correspondiente, podría ser tratado de manera distinta a un adulto si comete una infracción.
Se plantea como objetivo general analizar el endurecimiento en la sanción de los adolescentes infractores frente a delitos graves.
MÉTODO
La investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017).
RESULTADOS
Se presenta a continuación los resultados de acuerdo al método desarrollado por los autores.
Relación entre el endurecimiento de sanción y delincuencia juvenil
El endurecimiento de las sanciones supone la modificación de las leyes para implementar castigos más severos para ciertos crímenes, incrementar el tiempo de prisión o eliminar los beneficios penitenciarios del sistema judicial penal con miras a incrementar la disuasión y disminuir la frecuencia de delitos. La delincuencia juvenil es un problema que impacta a todas las sociedades del planeta. Se trata de la participación de jóvenes, cuya edad oscila entre los 12 y los 18 años, en agrupaciones ilegales con el propósito de realizar acciones delictivas.
El reclutamiento infantil no es algo nuevo en Ecuador, pero ha aumentado en la actualidad. Los datos sobre homicidios y detenciones de menores permiten determinar su magnitud: en 2022, los índices alcanzaron el nivel más alto y se redujeron un 3% hasta finales de 2023. En el país, especialmente en las provincias de Guayas y Los Ríos, existen barrios y zonas que son especialmente vulnerables al reclutamiento. En el caso de áreas marginales, las pandillas asignan a estos individuos menores tareas, como los conocidos "campaneros", que funcionan como ojos y oídos en la calle. Con el tiempo, estos roles se vuelven más importantes hasta llegar a ser expendedores de drogas o extorsionadores. Eventualmente, esto puede llevar a convertirse en traficantes de drogas y sicarios (Naciones Unidas, 2023).
En la ley ecuatoriana, los jóvenes menores de edad son considerados inimputables penalmente. Por lo tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones establecidas en las leyes penales debido a su incapacidad penal.
De acuerdo a la autora Díaz Muñoz (2015) destaca que, el objetivo primordial de las Reglas de Beijing, también conocidas como las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de Justicia de Menores, es promover el bienestar infantil, con el fin de reducir al mínimo no solo el número de casos que acceden al sistema judicial, sino también los efectos adversos que surgen a partir de cualquier intervención.
Estas normas subrayan la relevancia de cuidar a los niños con el fin de evitar que cometan delitos antes de que comiencen una vida delictiva, viéndolo como un elemento crucial en las políticas destinadas a su implementación. Así, una política social constructiva tiene el potencial de ayudar a prevenir la delincuencia y los delitos entre los jóvenes. Las reglas estipulan que se deben implementar de forma equitativa y sin distinción, considerando como menor a todo niño o joven que, de acuerdo con el sistema legal correspondiente, podría ser tratado de manera distinta a un adulto si comete una infracción.
En Ecuador, propuestas de una movida particular desde la Asamblea Nacional han buscado promover un proyecto de ley que permita a los adolescentes ser juzgados como adultos y cumplir con la sentencia dictada por la ley penal después de alcanzar la mayoría de edad, si han cometido crímenes considerados atroces.
Las reglas de Beijing y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), entre otros instrumentos internacionales, tienen un impacto en la normativa relacionada con menores que están en conflicto con la ley. Estas medidas promueven un enfoque diferenciado que considere la capacidad de desarrollo de los niños y el principio del interés superior del niño. Sin embargo, en numerosas naciones, los códigos legales han progresado hacia el incremento de las penas para ciertos crímenes graves como una reacción a la sensación de impunidad y a la inquietud social acerca de la seguridad pública.
DISCUSIÓN
Desde una perspectiva teórica, se puede notar que el endurecimiento de las sanciones penales para adolescentes infractores está enmarcado en un conflicto entre los principios esenciales de derechos humanos y el derecho penal clásico.
El sistema judicial ha recibido numerosas críticas debido a que, en la actualidad, los adolescentes cometen infracciones similares a las de un adulto en pleno uso de sus sentidos. Muchos ciudadanos se preguntan si es apropiado ofrecerles medidas socioeducativas a aquellos adolescentes que, al utilizar sus fuerzas y sentidos, cometen delitos graves como homicidio, robo o extorsión.
A pesar de que la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia garantizan la protección integral y el debido proceso para los menores infractores, es decisivo asegurar que la aplicación de las medidas impuestas sea verdaderamente proporcional a la infracción cometida y a la etapa evolutiva del adolescente. (Peñaloza-Caracundo et al.,2020).
Al respecto, la proporcionalidad con el hecho (gravedad material): La gravedad del crimen cometido debe equilibrar la medida impuesta (como el internamiento o la restricción de libertad). Un homicidio o una extorsión, por su propia naturaleza, deben dar lugar a una respuesta más estricta y de mayor duración que un hurto menor, incluso dentro del marco protector. Proporcionalidad al sujeto (fase de evolución): La medida debe ser adecuada a la etapa de desarrollo y a las necesidades psicosociales del adolescente. El objetivo, incluso en los casos más serios, no debe ser únicamente la retribución, sino también la reparación del daño y la reeducación del joven. Por ejemplo, el periodo de internamiento debe estar fundamentado no únicamente en la lógica del castigo, sino también en la necesidad de reeducación y terapia.
Asegurar el debido proceso y la protección integral (Constitución y Código de la Niñez y Adolescencia) para los menores delincuentes no significa que se tenga que excluir la dureza cuando sea necesario, sino que esta dureza esté enfocada en la reeducación y sea estrictamente proporcional a lo que el infractor ha hecho daño y a su capacidad de desarrollo. El reto en términos sociales y jurídicos es encontrar un equilibrio entre la responsabilidad por las acciones y la responsabilidad social frente al desarrollo del adolescente.
Alarcón Palacio, Y. E. (2019). Reclutamiento forzado de niños y niñas (abduction) en el conflicto armado colombiano: los menores de 18 años como víctimas con protección especial reforzada en el DIH y DIDH. Vniversitas, 68(138). https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj138.rfnn
Asamblea General de Naciones Unidas. (20 de noviembre de 1989). Convención sobre los Derechos del Niño. https://n9.cl/z2xc06
Congreso Nacional. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Registro oficial 737 del 03 de enero de 2003. Suplemento del Registro Oficial 481, 6-V-2019. https://n9.cl/i3x89g
Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12(Ext),180-205. https://n9.cl/nx847
Díaz-Muñoz Bagolini, A. F. (2015). Reglas de Beijing, su aplicación en el marco de las leyes 19.970 y 20.084. Revista de Estudios de la Justicia, (19),207–214. https://doi.org/10.5354/rej.v0i19.36193
Naciones Unidas. (15 enero 2024). La tasa de homicidio infantil en Ecuador aumenta un 640% en cuatro años. https://n9.cl/bx59g9
Peñaloza-Caracundo, R. M., Narváez-Zurita, C. I., Pozo-Cabrera, E. E., & Erazo-Álvarez, J. C. (2020). El principio de proporcionalidad de las penas en delitos cometidos por menores infractores. IUSTITIA SOCIALIS, 5(1), 454–573. https://doi.org/10.35381/racji.v5i1.622
Rivera-Rhon, R., & Bravo-Grijalva, C. (2020). Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico. URVIO. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad, (28), 8–24. https://doi.org/10.17141/urvio.28.2020.4410
Rodríguez Jiménez, A., y Pérez Jacinto, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. Revista Ean,(82),175–195. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647
Villegas-Arévalo, S. C. (2021). Armonización entre derechos de menores víctimas de reclutamiento y su participación en crímenes internacionales. Revista Científica General José María Córdova, 19(34), 379–405. https://doi.org/10.21830/19006586.739
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