INTRODUCCIÓN
En Quevedo, la creciente cantidad de extorsiones supone una amenaza importante para el bienestar social y económico. No solo los comerciantes y empresarios locales, sino también la percepción de seguridad general en la región se ve afectados por este fenómeno delictivo que se distingue por el abuso de poder y la intimidación.
Hoy en día, la extorsión se ha extendido en Centroamérica y se ha transformado en una fuente de ingresos para mantener y robustecer la infraestructura de organizaciones criminales. La extorsión es un problema de gran envergadura que tiene impacto en la economía, la seguridad y el progreso social. Su presencia tiene consecuencias adversas en diferentes áreas, afectando no solo a las personas individuales, sino también a comunidades completas.
La extorsión es un fenómeno delictivo que sigue cambiando con el paso del tiempo, tomando nuevas formas y tácticas que tienen un impacto serio en la estructura social y económica. (Integridad Financiera Global, 2022). En este orden, la extorsión en Ecuador se fue convirtiendo en un problema crónico a partir de las últimas décadas del siglo XX, sobre todo en situaciones de debilidad institucional e inestabilidad económica. Hoy en día, este delito ha cambiado su forma de operar y está afectando directamente a las áreas comerciales y productivas en lugares como Quevedo. (Mella, 2023).
Se ha hecho uso del informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el que se estudia la importancia de la institucionalidad y la seguridad jurídica para el progreso económico de esta zona (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, 2011), basándose en los antecedentes investigativos de este artículo.
En 2024, el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado lanzó un informe llamado Radiografía de la Extorsión, que describe cómo es este fenómeno criminal en Ecuador. En tal sentido, un estudio de la situación del comercio en Quevedo demuestra que la extorsión es uno de los crímenes más frecuentes que impactan el sector comercial en el cantón; este delito socava la seguridad jurídica y amenaza el progreso económico de la zona.
En Quevedo, el aumento de grupos delictivos que se dedican a extorsionar ha creado un ambiente de incertidumbre, donde numerosos comerciantes optan por no presentar denuncias debido al temor a represalias. Esta circunstancia evidencia una fragilidad en el marco normativo y en la implementación efectiva de la ley, lo cual posibilita que este crimen continúe y se vuelva más complejo.
Sin embargo, de acuerdo con Mora-Sanguinetti (2022), la seguridad jurídica consiste en la certeza de los ciudadanos sobre el contenido y la aplicación de las leyes, garantizando la protección de sus derechos y promoviendo la estabilidad económica y social. Esta definición resalta su relevancia en contextos vulnerables, como el cantón Quevedo, donde la claridad normativa es clave para generar un entorno de confianza. Características de la Seguridad Jurídica. Las principales características de la seguridad jurídica incluyen:
1. Claridad y precisión normativa.
2. Igualdad en la aplicación de la ley.
3. Protección efectiva de los derechos fundamentales.
Un sistema jurídico, según el mismo autor, debe proporcionar; estabilidad, previsibilidad y certeza, lo cual es indispensable para que los ciudadanos puedan actuar sin miedo a decisiones arbitrarias. Para afianzar la institucionalidad frente a fenómenos como la extorsión y para lograr un desarrollo económico sostenible, estas características son fundamentales.
Según el Código Orgánico Integral Penal (2014), comete extorsión quien, mediante amenazas o intimidación, obliga a otra persona a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. Esta definición legal evidencia la necesidad de contar con marcos normativos robustos que permitan prevenir y sancionar eficazmente este delito.
De acuerdo, con El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (2024), la extorsión se ha convertido en una herramienta clave del crimen organizado, diseñada para maximizar el impacto económico y minimizar los riesgos para los agresores. Estas dinámicas generan miedo, desconfianza y desestabilización en las comunidades afectadas.
Se plantea como objetivo general analizar la seguridad jurídica frente a las extorsiones como factor de desarrollo económico y comercial.
MÉTODO
El presente trabajo investigativo se desarrolla desde un enfoque cuantitativo con una metodología descriptiva con diseño no experimental, la cual se apoya en el análisis documental – bibliográfico. Se fundamenta en la exploración metódica, rigurosa y profunda de material documental de trabajos científicos en el tema de estudio. (Palella y Martins, 2012). Además, la encuesta es la técnica seleccionada para recopilar información directa y representativa de los comerciantes y empresarios del cantón Quevedo. Esta herramienta permite obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre las experiencias, percepciones y necesidades relacionadas con la extorsión y la seguridad jurídica en la región.
RESULTADOS
A continuación, se presentaron los resultados luego del método planteado por los investigadores.
Elaboración: Los autores.
Se observa a partir de los resultados logrados una perspectiva crítica de la ciudadanía en relación con el rol del Estado ecuatoriano en términos de seguridad, políticas públicas y sistema legal. Solo el 18% de los encuestados contestó que el Estado asegura su derecho a la seguridad; por otro lado, un aplastante 82% piensa que este derecho esencial no está garantizado por parte del Estado. Esta información muestra la desconfianza que existe en cuanto a la capacidad de las instituciones para resguardar a los ciudadanos ante crímenes o amenazas.
Igualmente, cuando se examina la efectividad de las políticas públicas contra la delincuencia, los resultados son todavía más contundentes. El 12% de los encuestados respondió que sí a la pregunta "¿Las políticas públicas han disminuido el delito?", mientras que el 88% opinó lo contrario. Esto cuestiona la eficacia de las estrategias aplicadas por el gobierno y muestra que existe una demanda ciudadana de medidas más efectivas y específicas.
El 75% de los encuestados expresó que no existe seguridad jurídica en Ecuador, mientras que solo el 25% cree que sí existe. Esta percepción indica la posibilidad de impunidad, de que las leyes no se apliquen de manera consistente o una incertidumbre legal, elementos que impactan desfavorablemente tanto en el ambiente para invertir y desarrollar económicamente como en la convivencia social.
Los hallazgos son preocupantes en lo que respecta al fenómeno de la extorsión en el cantón Quevedo. El 41 % de los encuestados dijo que las extorsiones suceden todos los días, el 32 % mencionó que les ocurren semanalmente, el 14 % quincenalmente, el 10 % cada mes y el 3 % aseguró que estos sucesos tienen lugar anualmente. La extorsión es un problema común y serio en la región, según estos datos; tiene un impacto directo en el comercio local, la vida diaria y el sentido de seguridad de los habitantes.
DISCUSIÓN
La amplia mayoría (82%) de los encuestados considera que el Estado ecuatoriano no garantiza su derecho a la seguridad, lo que revela una profunda desconfianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. Esta percepción refleja un entorno de vulnerabilidad y falta de eficacia estatal frente a la criminalidad.
En su conjunto, estos resultados muestran una profunda crisis de confianza en las instituciones estatales que se ocupan de la justicia, el control del delito y la seguridad, particularmente en áreas vulnerables como Quevedo. La ciudadanía demanda respuestas inmediatas, políticas más eficaces y un reforzamiento auténtico del estado de derecho.
Por consiguiente, la seguridad jurídica actúa como un mecanismo disuasorio ante las extorsiones al garantizar normas claras y sanciones efectivas (Mora-Sanguinetti, 2022) sostiene que la fortaleza del sistema judicial y la transparencia normativa son clave para minimizar el impacto del crimen organizado en las economías locales. Un entorno institucional sólido puede reducir la incidencia de este delito al generar confianza ciudadana y facilitar la aplicación de la ley.
Consecuencias de las extorsiones en el crecimiento económico y comercial, la inseguridad jurídica y el crimen organizado aumentan los costos de transacción y reducen la capacidad competitiva de las economías, afirman Gerchunoff y Bértola (2011). Las extorsiones tienen un impacto directo en la inversión y el desarrollo comercial, puesto que crean incertidumbre, aumentan los riesgos y disminuyen la confianza de los participantes económicos. Esto constituye un obstáculo importante para el crecimiento económico sostenible en áreas como el cantón Quevedo.
Un elemento fundamental para que se genere confianza en las instituciones públicas y para el crecimiento económico sostenible es la seguridad jurídica. El Banco Interamericano de Desarrollo (2024), sostiene que el crimen y la violencia en América Latina, junto con la falta de seguridad jurídica, incrementan los costos operativos y obstaculizan el desarrollo de las empresas. La debilidad del sistema judicial y la corrupción han creado un ambiente de incertidumbre en Ecuador, particularmente en áreas vulnerables como el comercio.
La extorsión, asociada con la delincuencia organizada, muestra que no existe un marco legal efectivo. La impunidad con la que funcionan estas redes delictivas se pone de manifiesto a través de prácticas como las "vacunas extorsivas". Según la investigación, la ineficiencia del Estado para prevenir y castigar estos delitos es lo que causa que las extorsiones se multipliquen, lo cual deja a los pequeños empresarios vulnerables ante estas amenazas. (Palma Andrade, 2024). En estas situaciones, los delincuentes demandan pagos regulares a cambio de "protección", en un esquema que pone de manifiesto la ausencia de control institucional y la impunidad con que funcionan estas redes delictivas.
Esta situación tiene un impacto económico significativo. La economía en general y las empresas se ven seriamente afectadas por la inseguridad jurídica y la presencia continua de extorsiones. La extorsión, de acuerdo con un informe de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, inhibe el desarrollo económico porque obstaculiza la expansión de las empresas, disminuye la creación de empleo y hace que los inversionistas pierdan confianza (Mercado, Félix, & Carballo, 2021).
En este segmento se incluye un análisis legal fundamentado en los hallazgos teóricos y empíricos que se obtuvieron durante el estudio sobre la seguridad jurídica frente a las extorsiones en el cantón Quevedo, poniendo especial atención en cómo afecta al crecimiento económico y comercial de la zona. El análisis se basa en la realidad que se ha diagnosticado y en los hallazgos clave, que muestran patrones que tienen un impacto tanto en el ordenamiento jurídico como en su aplicación práctica.
En Ecuador, la seguridad jurídica es un principio de la Constitución que está establecido en su artículo 82, el cual asegura certeza y previsibilidad en la aplicación de las leyes. Sin embargo, se observa una severa crisis en este campo en Quevedo: el 75% de los entrevistados piensa que la seguridad jurídica no está presente en el país, lo cual ha mermado la confianza de los ciudadanos en las instituciones responsables de asegurar que se cumpla la ley, sobre todo frente a delitos como la extorsión.
El artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (2014) castiga la extorsión con sentencias de cinco a siete años de prisión; sin embargo, existen elementos que limitan su aplicación, como el miedo a represalias, la baja cultura de denuncia, la falta de fuerza en los procedimientos para proteger a las víctimas y la corrupción judicial.
El estudio muestra que el 90% de los habitantes considera al crimen organizado como el principal peligro y que el 41% de los comerciantes en Quevedo es víctima de extorsiones todos los días. La ineficacia en el uso del COIP y la ausencia de mecanismos efectivos de protección, aunque están contemplados en la legislación actual, hacen que esta situación empeore. Desde el punto de vista económico, esta inseguridad jurídica ha causado consecuencias desfavorables, tales como que la inversión se reduzca, los negocios cierren y la informalidad y el desempleo aumenten. El 78 % de los vendedores afirma que la disminución de la presencia policial propicia el crecimiento de estas actividades delictivas.
Esta es una crisis estructural del Estado de derecho, que se distingue por la ineficacia del sistema judicial, la debilidad institucional y la escasa determinación política para combatir al crimen organizado con eficacia. El 88% de la población considera que las políticas públicas vigentes en la batalla contra el crimen son ineficaces.
CONCLUSIONES
Los datos muestran que las extorsiones son permanentes, que el crimen organizado es visto como la principal amenaza y que el sector comercial es vulnerable. El crecimiento económico local se ha visto limitado, la inversión se ha visto afectada y la informalidad ha aumentado debido a esta situación.
Los hallazgos corroboran un problema de inseguridad jurídica estructural. Por esta razón, se propone con urgencia que se implementen reformas legales y acciones a nivel institucional que fortalezcan el Estado de derecho, protejan a las víctimas y devuelvan la confianza de los ciudadanos para fomentar un ambiente económico seguro y sustentable en Quevedo.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, en el desarrollo de la investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
Asamblea Nacional (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Nº 180. https://url2.cl/53c6h
Banco Interamericano de Desarrollo. (07 de marzo de 2024). Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe. https://n9.cl/seguridad_latam
El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. (2024). Radiografía de la Extorsión. Tipologías y resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Casos de Extorsión Empresarial. https://n9.cl/l5z3ol
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. (2011). Institucionalidad, seguridad jurídica y desarrollo en América Latina. España. https://n9.cl/xutu7
Gerchunoff, P., & Bértola, L. (1 de 11 de 2011). Institucionalidad y desarrollo económico en América Latina. https://n9.cl/vnuaj
Global Financial Integrity. (2022). Ganancias por extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica superan US$1.1 mil millones al año. https://n9.cl/xxvpp
Mella, C. (20 de 02 de 2023). La extorsión crece un 300% en Ecuador y sigue en aumento. EL PAÍS. https://n9.cl/zlj901
Mercado, G. V., Félix, L., & Carballo, y. G. (2021). Plata o Plomo, impacto de la extorsión en empresas centroamericanas. Global Initiativa. https://n9.cl/229dh
Mora-Sanguinetti, J. (19 de 04 de 2022). La seguridad jurídica es sinónimo de desarrollo económico. https://n9.cl/4mo2nn
Palella-Stracuzzi, S. y Martins-Pestana, F. (2012). Metodología de la investigación cuantitativa. Fondo editorial de la Universidad Pedagógica Libertador. Caracas, Venezuela.
Palma Andrade, W. L. (2024). Vacunas extorsivas en Ecuador: Un análisis jurídico sobre las tendencias de extorsión en América Latina. Revista Mul disciplinaria Voces de América y el Caribe, 1(1), 432-473. https://n9.cl/rq54n
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